El Acceso a la Información y Transparencia en 40 Lecciones.

Una visión Panamericana.
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Published 2/2016 Spanish

Course Description

Este curso busca introducir a los alumnos al conocimiento global de la transparencia administrativa y del derecho de acceso a la información, desde la óptica de los puntos comunes que toda política pública en la materia debería contener con la finalidad de generar en el alumno una visión crítica de cara a su entorno particular

El curso se compone de seis unidades:

  • En la primera se analizarán los CONCEPTOS GENERALES del tema.
  • En la segunda unidad se tratan los PRINCIPIOS RECTORES de la materia.
  • En la tercera unidad se relacionan las LIMITACIONES tanto de la transparencia como del acceso a la información.
  • La cuarta unidad presenta al denominado ÓRGANO GARANTE.
  • La quinta unidad trata de PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.
  • Por último, en la sexta unidad se estudian OTROS TIPOS DE TRANSPARENCIA Y OTROS MECANISMOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El curso consta de 40 clases, además de un quiz o examen luego de cada clase para reforzar contenidos. Estimamos que para realizar el curso completo (ver todas las clases y responder todos los quizzes) se le debe dedicar aproximadamente 3 horas en total. El curso está hablado en español. No hay límite de tiempo para completarlo.

Contamos con expertos de toda América como profesores para algunas clases.

Para tomar tu curso es necesario tener una actitud abierta para comprender lo que supone la Transparencia y el Acceso a la información desde una visión Panamericana. Aunque no se requieren conocimientos previos para realizar este curso, si es necesario y recomendable entender este curso como introductorio, para que posteriormente puedas realizar otros cursos más especializados donde se tratarán temáticas con una mayor profundidad; es decir, este curso sienta las bases para que puedas realizar cursos especializados posteriormente.

What are the requirements?

  • Aunque no se requieren conocimientos previos para realizar este curso, si es necesario y recomendable entender este curso como introductorio, para que posteriormente puedas realizar otros cursos más especializados donde se tratarán temáticas con una mayor profundidad; es decir, este curso sienta las bases para que puedas realizar cursos especializados posteriormente.
  • Para tomar este curso es necesario tener una actitud abierta para comprender lo que supone la Transparencia y el Acceso a la información desde una visión Panamericana.

What am I going to get from this course?

  • Al final de este curso, usted debería ser capaz de entender el contexto global de una política de transparencia y del ejercicio pleno del Derecho de Acceso a la Información en la realidad Iberoamericana.
  • En particular, se espera que los alumnos y alumnas adquieran las herramientas teóricas necesarias para poder entender el desarrollo conceptual de la transparencia y del derecho de acceso a la Información.
  • Al concluir el curso los alumnos y alumnas se habrán familiarizado con algunos conceptos básicos de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información conocerán sus principios rectores, identificarán sus limitaciones, aprenderán las competencias y alcances de un órgano garante en la materia y comprenderán los procedimientos y sanciones que articulan y garantizan ambos temas. De igual manera conocerán otros tipos de sujetos obligados donde la transparencia y el derecho de acceso a la información se actualizan.

What is the target audience?

  • Todo aquel interesado en temas de Política de Transparencia y Derecho de acceso a la Información y en general a todo ciudadano que tenga interés en conocer más sobre estos temas.

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Curriculum

Section 1: 1. Introducción
02:28

Este curso forma parte de la línea de contenidos digitales formativos en formato MOOC creada desde el CITYAI.

El curso busca introducir a los alumnos en el conocimiento global de la transparencia administrativa y del derecho de acceso a la información, desde la óptica de los puntos comunes que toda política pública en la materia debería contener con la finalidad de generar en el alumno una visión crítica de cara a su entorno particular.

El curso se compone de seis unidades:

En la primera se analizarán los CONCEPTOS GENERALES del tema.

En la segunda unidad se tratan los PRINCIPIOS RECTORES de la materia.

En la tercera unidad se relacionan las LIMITACIONES tanto de la transparencia como del acceso a la información.

La cuarta unidad presenta al denominado ÓRGANO GARANTE.

La quinta unidad trata de PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.

Por último, en la sexta unidad se estudian OTROS TIPOS DE TRANSPARENCIA Y OTROS MECANISMOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

El curso consta de 40 clases, además de un quiz o examen luego de cada clase para reforzar contenidos. Estimamos que para realizar el curso completo (ver todas las clases y responder todos los quizzes) se le debe dedicar aproximadamente 3 horas en total. El curso está hablado en español. No hay límite de tiempo para completarlo.

Contamos con expertos de toda América como profesores visitantes para algunas clases.

Al final de este curso, usted debería ser capaz de entender el contexto global de una política de transparencia y del ejercicio pleno del derecho de acceso a la información en la realidad Iberoamericana.

En particular, se espera que los alumnos y alumnas adquieran las herramientas teóricas necesarias para poder entender el desarrollo conceptual de la transparencia y del derecho de acceso a la Información.

Al concluir el curso los alumnos y alumnas se habrán familiarizado con algunos conceptos básicos de la transparencia y el derecho de acceso a la información, conocerán sus principios rectores, identificarán sus limitaciones, aprenderán las competencias y alcances de un órgano garante en la materia y comprenderán los procedimientos y sanciones que articulan y garantizan ambos temas. De igual manera, conocerán otros tipos de sujetos obligados donde la transparencia y el derecho de acceso a la información se actualizan.

Section 2: 2. Conceptos Generales y Principios rectores.
03:08

La pregunta obligada para iniciar esta lección es ¿qué tienen que ver la democracia, la transparencia gubernamental y el derecho de acceso a la información? La respuesta inmediata la encontramos en este sistema político que hemos denominado democracia participativa. La construcción de todo sistema democrático en el mundo está enraizada primordialmente a la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana la democracia, en definitiva, no existiría. Esta valiosa participación cobra vida a partir de la información que el ciudadano tenga en sus manos, pues sin ella sería utópico siquiera hablar de un esbozo democrático.

La participación ciudadana se desarrolla en un espacio que en términos políticos denominamos espacio público. En este espacio público se desarrolla algo muy conocido, por todos denominado opinión pública. La opinión pública solo puede formarse a partir del intercambio de información pública que se da entre aquellos ciudadanos que la forman. Sin información pública y sin intercambio de la misma la democracia no sobrevive.

La información pública se puede obtener de manera directa o de manera indirecta. Las dos vías potencian la vida democrática pero tienen diferencias específicas. Mientras que en la primera el ciudadano investiga por sus propios medios la información, en la segunda necesita un intermediario que lo haga; mientras en la primera la información será gratuita, en la segunda la información tendrá un costo de mercado. Mientras en la primera el ciudadano genera sus propias valoraciones, en la segunda el ciudadano asume y comunica las valoraciones de otro. La forma directa tiene que ver con la transparencia y el derecho de acceso a la información, y la segunda tiene que ver con un derecho a la información movido por los medios de comunicación.

Hemos dicho que ambas formas de comunicación impactan el sistema democrático pero lo cierto es que la obtención de manera directa de la información colma a un ciudadano más informado, más crítico, más democrático y más activo cívicamente hablando pues se permite, dicho ciudadano, relacionarse directamente con la fuente motora de la información que es el Estado a través de cualquiera de sus potestades delegadas. La cara opuesta, es decir, las formas indirectas, propician a un ciudadano pasivo, que recibe la información y que no se da tiempo para valorar, interpretar, discutir o evaluar la racionalidad del Estado, asumiendo como suya la información y las valoraciones que los medios de comunicación le transfieren.

Es por ello que el impulso de una política de transparencia y de acceso a la información pública propiciarán un cambio sustancial en la calidad de la democracia de cualquier país. Los beneficios democráticos son mayúsculos, yendo desde la opinión pública hasta la adecuada gestión de los asuntos públicos transformando la cultura del servicio público hacia un servicio de cara a la ciudadanía. Es por ello que en la esencia de la democracia encontramos la transparencia y el derecho de acceso a la información y sin ellos esta no podría subsistir, dando pie a otra forma de gobierno de carácter autoritario o totalitario.

03:14

La transparencia en el ejercicio cotidiano del poder público, en cualquiera de sus dimensiones y aspectos es, desde luego, uno de los principales desafíos que hoy tiene planteada la reforma y la modernización del poder público en su conjunto, en Iberoamérica y en todo el mundo. Por una parte, porque la transparencia es una exigencia de calidad democrática evidente que hoy en día no es que brille por su presencia en general en la organización y funcionamiento del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo, a pesar de que también existen, es cierto y verdad, instituciones públicas que tienen un bien logrado prestigio en la materia a base de una exigente educación y temple cívico. Y, por otra parte, porque el derecho fundamental de la persona a un buen gobierno y a una buena administración incluye expresamente el derecho de los ciudadanos a que los poderes del Estado sean transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las políticas públicas, en toda su proyección temporal y en sus diferentes fases: definición, análisis, ejecución y evaluación.

Transparente según el Diccionario de la Real Academia de la lengua evoca un adjetivo «dicho de un cuerpo: a través del cual pueden verse los objetos claramente». En el tratamiento que se hace del Estado, la cualidad de transparencia evoca una serie de obligaciones por parte de este a través de la función de administración que se encuentra inmersa dentro del elemento gobierno del mismo Estado. En ese sentido esta cualidad del Estado se convierte en una obligación que permite al ciudadano, a través de la información pública, conocer el debido desempeño de la administración estatal.

La transparencia deberá asumirse como una noción de doble vía, pues por un lado reviste un «conjunto de institutos y normas» que toda Administración pública y gobierno deberá asumir como parte fundamental de su actuar, el cual deberá tener como eje rector la publicidad y la difusión, es decir, tendrá el Estado la obligación de transparentar. Por otro, la transparencia debe asumirse como un complemento del Estado de Derecho, que lo potencia y perfecciona en la medida que el ciudadano observa su debido cumplimiento.

Suele ocurrir que la transparencia se confunde con el derecho de acceso a la información pública o con la rendición de cuentas. De esta confusión derivan diversas consecuencias. Si entendemos a la transparencia administrativa como un acto de rendición de cuentas llegaríamos a la conclusión de que esta obedece a un momento final de la gestión del servidor público y en la cual previamente existe un derecho de exigir cuentas sobre un acto determinado. En ese sentido, la transparencia queda desvirtuada del momento de la ejecución que implícitamente lleva. Lo mismo ocurre cuando la transparencia administrativa se confunde con el derecho de acceso a la información. El Estado transparenta sin que medie entre su actuar y la ciudadanía un acto que impulse la ejecución del hecho de la transparencia. El derecho de acceso a la información se colma en la conducta ciudadana de solicitar información, mientras que la transparencia queda expandida de manera intemporal e independientemente, exista o no un acto ciudadano que la motive.

01:50

En el nuevo paradigma sobre la gestión pública la rendición de cuentas ha tomado un lugar protagónico. La rendición de cuentas compartirá con la transparencia y el derecho de acceso a la información un marco conceptual destinado a evitar la corrupción gubernamental. Estos tres conceptos, como ya adelantábamos en la lección pasada, son diferentes y conducen a consecuencias distintas. Pero es muy importante al menos una aproximación a la misma.

La rendición de cuentas supone un ejercicio siempre a posteriori del mandato conferido, en ese sentido el ejercicio podrá ser en una fase intermedia o bien al final del mismo pero en toda ocasión luego de transcurrido el mandato o parte de él. La exigencia de rendición de cuentas tiene como presupuesto la instrucción del cumplimiento de una actividad o tarea pues sin ello no habría cuentas que rendir.

A diferencia de la rendición de cuentas la transparencia gubernamental es permanente y no destinada a una persona con motivo de un encargo sino destinada a una institución, la cual de manera cotidiana permite a la ciudadanía observar su comportamiento a través de los actos que pueden ser vistos. Toda política gubernamental que tenga por objeto entrar en este paradigma de la nueva gestión pública se apoyará en un pilar denominado rendición de cuentas pero es de capital importancia entender que ello no significa transparentar.

La rendición de cuentas ayuda de manera importante a una gestión pública pulcra y propiciará que la transparencia y el derecho de acceso a la información se encuentren en un campo de acción más adecuado para su existencia, irradiándolos con el principio de profesionalismo el cual vinculará a los tres conceptos.

03:24

Se ha vuelto un lugar común en todos los sistemas de corte democrático o que aspiren a serlo el proponer el derecho de acceso a la información como un estandarte de su actuar en función del impacto que tal derecho tiene en la adecuada construcción de un espacio público pujante, deliberativo, crítico y sobre todo inclusivo. En ese sentido es importante entender que «el derecho de acceso es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía».

El derecho que nos ocupa perfecciona la vida democrática de cualquier sistema al contrarrestar por un lado los efectos nocivos de la corrupción y el autoritarismo, propiciando la difusión de la información de manera completa y oportuna, haciéndola llegar de manera institucional al ciudadano restableciendo con ello el flujo de comunicación entre poder político y espacio público, y por otro al potenciar que la información encuentre a su legítimo propietario: el ciudadano.

El derecho de acceso a la información no es un derecho a recibir información que implique una especie de derecho a la noticia, por el contrario, este derecho no se reduce a un simple reflejo pasivo de la libertad de informar como simple interés difuso de la colectividad a acceder a la información sino que adquiere fuerza y naturaleza propia en el principio democrático, que reclama la publicidad de la información que obre en poder del Estado, la cual debe existir de manera fehaciente y sin ningún tratamiento de edición o de selección de la información, permitiendo con ello que el ciudadano acceda a la fuente primigenia, real, originaria de la misma.

Este es un derecho que impone obligaciones a los poderes públicos orillándolos a publicitar su actuar no solo a partir de un ejercicio material del propio derecho sino a partir del establecimiento y reconocimiento constitucional de los sujetos obligados a proporcionar información y de las obligaciones que se asumen respecto a la misma. El derecho de acceso supone la actividad ciudadana como presupuesto es decir que sería un mero repertorio de buenas intenciones sin el actuar ciudadano.

El derecho de acceso a la información no se encuentra separado de la libertad de expresión por el contrario la potencia al propiciar en el Estado la obligación positiva de suministrar información, es decir, este derecho de acceso ocasiona en el poder público la significación de apertura de las fuentes de información pública generando con ello un debate público amplio, robusto y desinhibido… basado en la información necesaria para que sea un debate inteligente y tenga sentido.

El derecho de acceso a la información es movido por determinados principios que orientan su garantía. En ese sentido sabemos que el mencionado derecho se encuentra orientado a convertirse en esa «prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros públicos en poder de los sujetos obligados», contribuyendo entre otros aspectos a «promover tanto en los ciudadanos como en las autoridades […] las mejores condiciones para la toma de decisiones». La Universalidad, su preferencia, su doble condición serán las características típicas de este derecho llamado a perfeccionar el sistema democrático.

03:36

Uno de los temas que resultan más complicados al entrar a la materia de transparencia y acceso a la información es la determinación de a qué poderes públicos vamos a vincular y sobre todo, si tenemos un órgano garante, cuál será la interacción de aquellos con este. Los sujetos obligados serán los sujetos pasivos de este derecho, no por una razón de quietud sino por la especial relación que guardarán ante el titular del derecho es decir una relación de custodia, almacenamiento y puesta a disposición de la información que el titular requiere. El sujeto obligado en ese sentido deberá asumir responsabilidades y deberes respecto a la información y su calidad para que cuando el titular del derecho la requiera, esta se encuentre disponible ya sea en su obligación cotidiana de transparentar o bien a través de la actividad del ciudadano de pedirla.

El sujeto obligado formará parte esencial de una adecuada política de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pues de lo contrario el sistema encontraría una clara fractura. No basta con la suposición o intuición de quién deberá transparentar su actuar o quién deberá proporcionar acceso a la información, por el contrario debe, desde el texto constitucional vincularse al o a los poderes públicos susceptibles de ser condicionados por esta política que ahora ya se traduce en un derecho que es deber de toda autoridad garantizar. Así, «el derecho de acceso genera obligaciones para todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno».

Como podemos darnos cuenta, el estándar internacional se encuentra vinculado a la exigencia de obligatoriedad de toda autoridad pública en todos los niveles, propiciando con ello una vivencia a cabalidad del derecho de acceso a la información, pues sin ello, lo único que ocurriría sería un sistema de transparencia y acceso a la información asimétrico.

El diseño institucional de toda esta política pública en ocasiones pone obstáculos, como ha sido el caso de algunos países en donde se han implementado exclusiones o se han dejado algunos ámbitos del poder público fuera de la legislación que contempla a los sujetos obligados, pero es claro que la construcción internacional del mismo prevé que se «[…] extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno y organizaciones que operen con fondos públicos o que desarrollen funciones públicas».

El establecimiento de sujetos obligados responde a la importante pregunta: ¿quién se encuentra obligado? Y a pesar de la respuesta en el estándar internacional, hoy encontramos regulaciones donde no están obligados todos los poderes públicos dejando a esta política trunca de un elemento fundamental para la toma de decisiones ciudadanas. Los sujetos obligados materializan la política al poner en la vitrina de su gestión toda la información oportuna para el ciudadano.

03:50

Si bien es cierto que cuando hablamos de sujetos obligados respondemos a la pregunta de quién se encuentra obligado, al tratarse el tema de las obligaciones de transparencia respondemos a la pregunta de ¿a qué está obligado? Desde luego en materia de transparencia y acceso a la información esta pregunta es muy oportuna, pues de no detallar adecuadamente las obligaciones de publicidad de los órganos del Estado podríamos caer en una política de discurso sin un adecuado fondo publicitario.

Recordemos que el espacio público se nutre de la información que el Estado publicita y esta información, bajo la dinámica del mismo Estado, deberá ser toda aquella capaz de incidir directamente en la toma de decisiones democráticas de aquellos que interactúan en dicho espacio. En ese sentido, el Estado deberá someterse en principio a un catálogo de obligaciones de transparencia que potencien la entrega de la información sin que medie una solicitud ciudadana, es decir, se asume institucionalmente el exponer al escrutinio público de manera permanente la información con la cual los órganos del Estado trabajan.

El listado de las obligaciones de transparencia estará en función de diversas racionalidades, por ejemplo: a) obligaciones relacionadas con la estructura del órgano, como por ejemplo directorio o trámites que en ella se realizan; b) obligaciones relacionadas con los recursos que se le otorgan al órgano, como por ejemplo, nómina, contratos, viáticos, adquisiciones; c) obligaciones vinculadas a las actividades del órgano, como por ejemplo cumplimiento de metas y objetivos, efectividad, indicadores y resultados para la rendición de cuentas; d) obligaciones vinculadas al impacto social del órgano, como pueden ser los programas de subsidio o servicios de infraestructura social, así como los beneficiarios.

Este listado no es limitativo, por el contrario deberá estar siempre en constante expansión y movido siempre por el principio de máxima publicidad, el cual someterá a la administración pública a una constante revisión de los rubros contenidos como obligaciones de transparencia. De igual manera es necesario considerar que en algunos órganos del Estado pueden existir obligaciones de transparencia particulares, como es el caso del ámbito legislativo o judicial, las cuales deberán sumarse al catálogo de las mismas para hacer más nítida la experiencia de transparencia del ciudadano. Lo mismo sucede con el caso de partidos políticos, universidades públicas o sindicatos que reciben ingresos públicos y que deberán establecer estas obligaciones de cara al uso de estos recursos.

Como ya hemos mencionado, aun cuando tengamos un catálogo extenso de las obligaciones de transparencia, este no es limitativo. Hoy las nuevas tendencias en la materia hablan ya de la transparencia proactiva, la cual incentiva a los sujetos obligados a publicar información adicional a la establecida en el marco legal como mínimos propiciando en el servicio público una mayor y mejor vivencia del principio de máxima publicidad.

Como corolario es importante referir que estas obligaciones no pueden quedar supeditadas a un principio de buena fe en su cumplimiento, sino que deben venir acompañadas de un adecuado andamiaje de verificación de su cumplimiento y de sanciones para los funcionarios públicos que no las concreten o que menoscaben su cumplimiento.

03:54

En esta lección es preciso delimitar la expresión información pública. Alguna primera aproximación a dicho concepto estará vinculada justamente a aquella información manejada por los sujetos obligados, es decir, que toda aquella información que ellos manejen deberá considerarse en la categoría que estudiamos.

En realidad el concepto de información pública adquiere varios matices. En principio hablamos de información que reposa o se sostiene en documentos administrativos en el sentido más amplio de la expresión. Esta primera aproximación nos da idea del asiento físico pero pudiera confundirnos con el asunto del documento administrativo, siendo que, para no entrar en confusiones, podríamos decir que la información pública será toda aquella información producida por los agentes del Estado o por aquellas entidades o personas que, no siendo agentes del Estado, reciben recursos públicos, asentada en cualquier soporte material y que impacta directamente en el espacio público para interpretarla, criticarla, debatirla o analizarla.

De igual manera, por información pública nos referimos a información pasada o presente, pero no a información futura que no encuentre asiento o que no exista en la realidad. Esto no significa que por no tener asiento físico no deba existir una obligación de generarse, por el contrario en muchas ocasiones, y luego de destruir la información, el titular del derecho puede exigir la reconstrucción de la información al haberse generado la misma y destruido alevosamente o por falta de cuidado en su manejo. Pero el caso que referimos versa sobre información que nunca ha existido.

A la par de lo anterior, la información pública adquiere determinadas características. Ellas son celeridad, la oportunidad, la accesibilidad y la información completa.

La información pública debe entregarse con sentido de apremio, pues ella en principio se encuentra disponible, por lo cual no es entendible un retraso, solo es necesario contemplar el tiempo de búsqueda y entrega. En ese sentido la celeridad en la entrega constituye un elemento muy importante para el sano ejercicio del derecho de acceso a la información. El retraso en la entrega solo puede justificarse a partir de caer en alguna de las excepciones del derecho de acceso en donde el análisis de la misma supone un tratamiento cuidadoso pero no eterno. Esto significa que, a pesar de tener en cuenta que la información pueda ser considerada como confidencial o reservada en ningún caso la respuesta puede suponer dilación injustificada.

Este tipo de información debe ser accesible y oportuna pues de lo contrario nos encontraríamos en la hipótesis de un tipo de información que se genera pero no inunda lo público. La información pública hace recaer su acento justo en el adjetivo público, es decir, que la información adquiere por esencia una naturaleza comprensible a toda persona interesada en conocerla y comprenderla. El carácter de oportunidad y accesibilidad potencia la calidad de la información al incidir directamente en la formación de la opinión pública.

El titular del derecho busca información y esta no puede entregarse incompleta o reducida a una parte por voluntad del sujeto pasivo, por el contrario, la información debe entregarse completa, sin ambigüedades ni regateos por parte de la autoridad pues de entregarse disminuida deberá entenderse que no se ha entregado.

03:03

Sin lugar a equívocos uno de los principios de mayor calado y mayor necesidad en materia de acceso a la información será el principio de máxima publicidad, el cual estará orientado a romper con el sigilo, secreto o discrecionalidad del poder público.

El principio de máxima publicidad permite entender que ab initio toda la información que obra en manos del Estado debe presumirse pública y accesible, es decir, que no basta con la generación de esquemas de publicidad sino que el principio adquiere una dimensión mayor la cual consiste en que el titular del derecho acceda a la información y pueda hacerlo de manera simple, rápida y sobre todo que no implique una información en lenguaje críptico que impida el entendimiento de dicha información.

Como adelantábamos, este principio se encuentra vinculado al objeto del derecho que es la información pública, pero también al sujeto titular del mismo. El principio de máxima publicidad «[…] impone al Estado no solamente una obligación negativa consistente en el deber de abstenerse de toda práctica que tenga por resultado retacear la accesibilidad pública a la información, sino también una obligación positiva consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar que este derecho pueda ser ejercido en la práctica por cualquier ciudadano»[1].

Este principio no es de cuña absoluta sino que se mueve por el principio de relatividad, es decir, que admite limitaciones. Estas limitaciones se encuentran debidamente orientadas por las mismas reglas que para otras libertades informativas, es decir que:

  • el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información;
  • toda decisión negativa debe ser motivada y, en ese sentido, corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y
  • ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información[2].

Ante lo reducido en la posibilidad del establecimiento de limitaciones cabría afirmar que el principio de máxima publicidad tendría como punto de partida la idea de que el derecho de acceso a la información será la regla y el secreto o la información clasificada como reservada, la excepción, obligando al Estado a probar el porqué de la limitación.

De igual manera sucede cuando el derecho de acceso a la información entra en conflicto con algún otro derecho, o bien exista falta de regulación del mismo, el principio de máxima publicidad generará en automático la preeminencia de aquel sobre cualquier otro derecho en conflicto.



[1] Gutiérrez Colantuono, P. Á., El acceso a la información pública –una doble mirada convencional y del derecho argentino, en VALIM, Rafael, et al., (coords.). Acesso à informacão pública, Forum, Belo Horizonte, 2015, p. 198.

[2] Organización de Estados Americanos, El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares interamericanos y comparación de marcos legales, Relatoría especial para la libertad de expresión- CIDH, 2012, p. 6.

03:20

El segundo de los principios orientadores de la transparencia y del derecho de acceso a la información es el llamado principio de no discriminación o principio de universalidad respecto al titular del derecho.

Este principio se origina a partir de la misma universalidad de la libertad de expresión y se traduce en una legitimación activa no en función de la ciudadanía o algún interés jurídico demostrable sobre la información. Esta legitimidad activa de cualquier persona proviene justamente del carácter público de la información. En ese sentido «en prácticamente todas las leyes contemporáneas de acceso a la información no es necesario acreditar algún interés directo ni demostrar ningún tipo de afectación personal»[1].

El principio que nos ocupa origina que los poderes públicos publiciten sus actos más allá de quién sea el interesado, pues la información al ser pública deberá ser puesta en disposición del público indistintamente de que sea ciudadano, extranjero, mayor de edad o utilice un pseudónimo para recabarla, el poder público no deberá generar ningún tipo de discriminación para entregarla pues la naturaleza de ella es justamente ser pública.

De este principio derivamos diversas obligaciones al Estado, entre las cuales destacamos: a) no podrá negarse el derecho a la información pública gubernamental a ninguna persona por cualquier distinción, exclusión o restricción por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; b) tampoco se podrá denegar la realización de ajustes razonables para acceder al derecho a la información; c) para que todas las personas puedan acceder a la información pública gubernamental en igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna, las instituciones del Estado mexicano deberán eliminar las barreras que impidan el acceso en los hechos, de modo que deben implementar medidas positivas y compensatorias para hacer efectiva su realización, d) en la realización del derecho a la información pública gubernamental, las instituciones deberán observar el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información, esto debe considerar las necesidades de las personas con discapacidad, e) toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.

Esta no discriminación supondrá la inclusión en el diseño de la política pública de todas aquellas minorías que, viéndose afectadas por las circunstancias propias de la existencia, puedan ser consideradas atendiendo a sus diferencias específicas, por lo que el Estado deberá contemplar todos los supuestos para la inclusión de la publicidad informativa de estos.

Universalidad o no discriminación juegan un papel preponderante en el ejercicio del derecho de acceso a la información y por supuesto en la política de transparencia al situar en el centro del mismo a toda persona, propiciando que la entrega de la información, incluso, alcance a aquellas personas que por determinadas circunstancias se encuentren limitadas de sus capacidades físicas, tal como se desprende del párrafo anterior.



[1] Villanueva, E., Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica, IIJ-UNAM, México, 2003, p. LIV.

03:41

La calidad de la información estará vinculada a diversas obligaciones por parte de los órganos públicos. En ese sentido por calidad deberemos entender: a) información actualizada, b) información completa, c) información comprensible y d) información veraz. De nada serviría el derecho de acceso sin estos atributos en la información que se entrega, pues una información poco actualizada, incompleta, poco o nada comprensible o falaz solo producirían un efecto de ocultismo en el Estado, siendo justamente lo que se busca evitar.

Cada uno de los atributos referidos tendrá alcances significativos. En el caso de la información actualizada nos lleva a entender que los sujetos obligados deberán periódicamente revisarla agregando los elementos presentes más relevantes que puedan ayudar a la persona a tener un conocimiento real de la situación de la información solicitada. De nada serviría colocar información vetusta que en nada contribuya a la toma de decisiones presente. Así, por ejemplo, si pretendiéramos obtener la información del directorio de una dependencia pública, de nada nos servirían líneas telefónicas que ya no existan o direcciones en donde la dependencia ya no tenga oficinas.

Al igual que sucede con la actualización, los sujetos obligados deberán entregar la información que se les pide sin ambigüedades y sin regateos. Cuando hablamos de lo completo de la información estamos evocando un atributo que en caso de no cumplirse supondría que la información no fue entregada, pues de nada sirve una información incompleta para la toma de decisiones públicas o bien para la participación.

El tercero de los atributos tiene que ver con la información comprensible. Sin este atributo el principio de calidad quedaría truncado. De nada nos serviría una información actualizada y completa si no la podemos comprender. En ese sentido, los sujetos obligados deberán establecer los mecanismos idóneos para que la información sea asequible para cualquier persona que la procese, pues de no ser así esto supondría los mismos efectos de una información incompleta o poco actualizada, es decir, supondría que la información no fue entregada. De qué serviría accionar el derecho de acceso si la información proveniente del sujeto obligado nos es entregada en un lenguaje críptico, inentendible u oscuro. El atributo de comprensibilidad es esencial al principio de calidad de la información al permitir establecer una acción comunicativa, asertiva, cierta y entendible.

El último de los atributos tiene que ver con la veracidad de la información. Este atributo no solo estará ligado con el principio de calidad en la información sino también estará ligado con el principio de buena fe. La falsedad de la información o la manipulación de la información con un ánimo de engañar al solicitante supone no solo la fractura del sistema de transparencia y acceso a la información sino supone la existencia de sujetos obligados que en nada viven el sentido democrático de la información. Podríamos referir que el incumplimiento de este atributo supone el claro quebrantamiento del Estado democrático pues el titular de la información carecería de ella, la cual es secuestrada por el poder político para los fines que este disponga.

02:17

Como un principio independiente deberá entenderse el principio de suplencia, tanto para la transparencia como para el ejercicio del derecho de acceso a la información colocando en el centro de la actividad al ciudadano. Este principio potencia la facultad de investigación de las personas, no negándoles en ningún caso y por ningún motivo el acceso a la información.

El principio de suplencia condiciona a los órganos del Estado a interpretar, corregir y suplir las deficiencias en la consulta de información y sobre todo a no exigir requisitos alevosos o desmedidos para la facilitación de la información como podrían ser ubicación, número de expediente o área dentro de la dependencia a la cual va dirigida la solicitud de información. Las administraciones deberán suplir esos requisitos, entendiendo la consulta ciudadana y procurando canalizar la solicitud sin la expansión de mayores características o requisitos.

Este principio adquiere dos vías, por un lado en materia de transparencia propiciará que los órganos del Estado asuman que la información tiene que ser colocada de manera sencilla, asequible y pertinente, sin mayor complejidad o enredo para el ciudadano, en donde esta pueda entenderse sin necesidad de ningún mecanismo adicional para su interpretación y, por otro, desde la óptica del derecho de acceso, obligará a dichos órganos a capacitar adecuadamente a sus funcionarios en la gestión y entendimiento de las solicitudes de acceso para evitar la negativa a partir de una solicitud inexacta, errónea o incompleta. Ello no es impedimento para que en su caso se pueda en algunas ocasiones solicitar alguna aproximación mayor de la información solicitada propiciando con esto la vivencia del principio de buena fe de la ciudadanía con respecto a la administración. Lo mismo ocurrirá con el órgano garante en donde los recursos, ante la negativa de información de los órganos del Estado, deberán ser tramitados sin mayores requisitos y guiados por este principio.

02:14

Este principio contribuye esencialmente a la cultura de transparencia, potenciando de manera significativa el interés de las personas por la búsqueda de información. La gratuidad debe entenderse desde dos perspectivas: la primera de ellas vinculada a toda aquella información que es consultada y la segunda vinculada a toda aquella información que es reproducida y enviada. Sobre la primera es claro que el principio de gratuidad se actualiza a plenitud al tratarse de una información que es pública y que se evidencia en la vitrina de la información.

Por otro lado, tenemos aquella información que es reproducida y enviada. Para tal caso el principio de gratuidad se encuentra con una excepción, es decir, en este supuesto donde la información es depositada en algún contenedor especial y posiblemente enviada al titular del derecho sí es factible el cobro pero solo por el costo de reproducción y envío, procurando que dichos costos no sean excesivos, fagocitando con ello la búsqueda de información.

En materia de transparencia el principio de gratuidad se lleva al extremo, pues los órganos obligados no podrán, en ejercicio de la misma, solicitar una carga presupuestaria adicional con motivo de la transparencia y en todo caso deberán hacer los ajustes estructurales para que no supongan un impacto en las finanzas pública. Es necesario recordar que la política de transparencia y acceso a la información se sienta sobre la base de la obligación del Estado y no sobre la base de la concesión al ciudadano, con lo cual al ser obligación el ciudadano no deberá cubrir los costos de ello.

La única excepción la constituirá la conformación de un órgano garante especializado en donde, por consenso ciudadano, se establecerá para vigilar el debido cumplimiento y la maximización tanto de la transparencia como del derecho de acceso a la información.

02:16

Este principio desarrollará su contenido material a partir de los siguientes elementos: a) sencillez, b) celeridad y c) organización y manejo de la información.

La transparencia obliga a la sencillez. Este elemento de sencillez vincula la transparencia con la eficiencia, adquiriendo una connotación de servicio y relación con lo público. Este elemento debe considerarse como un principio de actuación en dos ámbitos preponderantes: a) sencillez en el lenguaje y b) sencillez en la operación.

El elemento sencillez en el lenguaje obliga a los órganos del Estado a buscar un sano equilibrio entre la parte técnica y científica del lenguaje y una labor pedagógica que pueda hacer que toda persona, aun y cuando no sean letrados o especialistas en la materia, entiendan a cabalidad el contenido esencial de la respuesta de la información.

Por su parte la sencillez en la operación significa que el Estado se encuentra llamado a buscar alternativas de procedimientos más sencillos que puedan ser entendidos por todos. A mayor complejidad en los procedimientos, mayor opacidad y secretismo encontraremos y, por ende, mayor duda en el trabajo que realizan los órganos del Estado.

Por su parte, el elemento celeridad obligará al órgano del Estado a cumplir con los tiempos establecidos en ley, los cuales no deben ser desproporcionados para otorgar un mejor servicio. Ello no implica atropello de las formas y menos implica una falta de cuidado en el análisis, profundidad o estudio que supone tomar una decisión, por el contrario implica generar un sistema de trabajo colectivo que impacte directamente en el cumplimiento de la ley y de nuestro principio jurídico más elemental, que es la no dilación de la justicia.

Por último el tercer elemento se actualizará a través de tres ejes rectores: a) sistematización y archivo de la información; b) uso y manejo de la información; c) divulgación de la información que permitirá a la administración resguardar de mejor manera la información.

01:47

No por ser menos importante hemos dejado el principio de facilitación al final, por el contrario, nos permite verlo como la cúspide del sistema de principios en materia de transparencia y acceso a la información. Este principio obliga a los órganos del Estado a poner a disposición de los ciudadanos mediante los medios, acciones y esfuerzos posibles en los términos que las legislaciones lo establezcan, la información pública que ellos mismos generen, obtengan, adquieran o transformen.

No basta con un esfuerzo mínimo, sino que el principio de facilitación ayudando al de máxima publicidad empujará a los sujetos obligados a un quehacer mayúsculo para el cumplimiento fiel y máximo del resto de principios en la materia exponenciando con ello un tránsito más cercano a la ciudadanía. No olvidemos que esta materia constituye una obligación para el Estado, por lo cual este deberá propiciar el terreno más adecuado para que la información llegue a todos, para que la información sea facilitada a todos[V1] .

Este principio de facilitación romperá las barreras contenidas en requisitos o exigencias que pudieran obstruir el flujo de la información potenciando la participación ciudadana a partir de un amplio y fácil acceso. Este principio al concretarse en materia de transparencia obliga a generar las condiciones necesarias para impedir que el ciudadano tenga que realizar esfuerzos exagerados para observar la información, por ello el uso de las nuevas tecnologías de la información será una herramienta muy adecuada para las administraciones. Por su parte en materia de acceso a la información supondrá que el Estado establecerá el mecanismo más sencillo posible para investigar la información en su custodia y en su caso para inconformarse de las negativas respecto a su adquisición.


[V1]Se dicen dos cosas muy similares, ¿es para dar énfasis o bien es una repetición?

Section 3: 3. Las limitaciones.
03:57

Hemos visto que tanto la transparencia como el derecho de acceso a la información no deben entenderse como absolutos, sino que son susceptibles al establecimiento de limitaciones. La primera de estas limitantes es aquella información que el poder público decide clasificar como reservada. Reservar no significa ocultar. Esta información tendrá un carácter de temporalidad, es decir, no quedará en secreto o reserva por siempre, la característica esencial es que la información podrá ser difundida eventualmente pero en el momento presente no puede ser revelada, pues dicha revelación podría causar un daño al entorno público o a una persona determinada.

En el caso de la información clasificada como reservada no hablamos de información privada, hablamos de información pública que por causas de fuerza mayor deberán quedar en sigilo y en manos únicamente del poder público por el daño que puede suponer su revelación en el entorno social. Los típicos ejemplos de este tipo de información son entre otros: a) la seguridad nacional, b) la seguridad pública, c) las relaciones internacionales, d) la información proveniente de las actuaciones judiciales mientras no causen estado. Cada Estado establecerá las limitaciones vinculadas a la reserva que considere oportunas siempre y cuando, como lo referimos anteriormente, sean proporcionables y adecuadas para el cumplimiento de los estándares que en la materia se imponen. Esto último es muy importante, pues la ley deberá precisar de manera clara estas excepciones al principio de máxima publicidad, no bastando con la sola enumeración de ellas.

Cada Estado establecerá las limitaciones vinculadas a la reserva que considere oportunas siempre y cuando, como lo referimos anteriormente, sean proporcionables y adecuadas para el cumplimiento de los estándares que en la materia se imponen.

La reserva de la información no rompe con el principio de máxima publicidad, por el contrario lo colma, pues como referimos con anterioridad, lo único que provocará será un cambio en el tiempo de entrega generando con ello que la información no entre en un estado de reserva definitivo, sino que la información solo adolezca de la temporalidad para su entrega. De igual manera es necesario precisar que la calificación de la reserva debe hacerse atendiendo siempre al daño que se puede efectuar, debiendo existir no solo la fundamentación de la reserva sino también la motivación para poder destacar de qué manera se efectúa el daño. A la par de ello es preciso que, para un adecuado ejercicio del derecho de acceso, sobre todo vinculado a la información clasificada como reservada, se cuente con un órgano autónomo que verifique y analice si la calificación estuvo adecuadamente realizada.

La reserva de la información no es una carta abierta a los sujetos obligados para clasificarla impidiendo su acceso o para justificar el secretismo pues todo órgano del Estado deberá justificar el posible daño causado por la revelación de la información estableciendo el nexo probable, presente o específico entre la revelación y el menoscabo del espacio público, o bien el riesgo en el que se pone a alguna persona.

04:05

En el caso de la información que guarda especial relación con la vida privada o íntima de las personas, la limitación se presenta como natural al ejercicio de la publicidad de la información. En este caso, es preciso la clasificación por tratarse de un bien jurídico que en ponderación con lo público no participara de dicho elemento. La información confidencial no es por esencia información pública y en nada abona a lo público. Puede ser que a partir de la información confidencial obtengamos datos estadísticos que nos sirvan para la decisión pública pero dicha utilización de la información estará supeditada a un proceso de disociación en donde la vida privada o íntima no sea menoscabada.

La información clasificada como confidencial no podrá ser nunca revelada. Es más, para efectos de este tipo de información, el poder público deberá en todo momento asumir una serie de mecanismos de seguridad para el debido resguardo y protección, siendo que, desde su obtención, se deberá informar al titular de la información qué se hará con ella, para qué fines se obtiene, si será susceptible de divulgación y cómo se efectuará su almacenamiento.

La protección de información personal por parte del Estado debe ser garantizada, más que como una limitación del derecho de acceso a la información, como un derecho fundamental derivado del derecho a la vida privada a partir de lo que se denomina autodeterminación informativa.

Esta llamada autodeterminación informativa garantizará al ciudadano una serie de derechos que son conocidos por su acrónimo como los derechos ARCO, es decir: a) acceso, b) rectificación, c) cancelación y d) oposición. Acompañando a estos derechos, constituirán obligaciones de todos los sujetos obligados la institucionalización de medidas de seguridad en tres vías para el aseguramiento de un tratamiento adecuado. Por un lado habrá medidas de seguridad técnicas destinadas a la protección y resguardo informático de la información, las medidas de seguridad física las cuales asegurarán un tratamiento de la información contenido en soporte tradicional y las medidas de seguridad administrativas las cuales estarán destinadas a proponer mecanismos o procedimientos que irradien a todo el enramado organizacional para el debido cuidado de la información de carácter personal. Ello implicará no solo un deber de cuidado sino una responsabilidad que, en el caso de ser incumplida, implicará una sanción para el funcionario público.

Cuando los sujetos obligados trabajen con datos personales y queriendo proteger el derecho de acceso a la información deberán realizar acciones que por un lado potencien dicho derecho pero que por otro salvaguarden la información personal. En ese sentido tanto la disociación, es decir, la separación de datos de un conjunto, como las versiones públicas, es decir, la eliminación de datos personales de los documentos, resolverán esa situación.

Cuando existe un órgano garante de la materia, este estará llamado a velar por la protección de ambos derechos exigiendo por un lado la vivencia del principio de máxima publicidad y por otro deberá garantizar la protección y no injerencia en la vida privada de los ciudadanos que pudieran verse afectados.

03:57

El establecimiento de causales de reserva es de inicio uno de los temas más complicados en materia de transparencia y acceso a la información, pues supone una selección de temas de la información pública que afectan a la misma para su difusión.

Como ya hemos visto esta afectación deberá estar sujeta a un test de proporcionalidad donde se demuestre que en efecto se causará un daño con la revelación de la información. En este test el servidor público que niegue la información deberá demostrar por un lado el riesgo real a la seguridad nacional o al interés público, riesgo que deberá ser demostrable e identificable. Por otro lado, deberá demostrar que el efecto de la divulgación produce de manera evidente un riesgo de perjuicio al interés público general y que la limitación en la divulgación es el medio menos restrictivo posible adecuado al principio de proporcionalidad.

Las causales de reserva de manera ordinaria podríamos agruparlas de las siguiente manera: a) causales de reserva de naturaleza estatal, es decir, que comprometen la seguridad del Estado en algún punto como por ejemplo: seguridad nacional, seguridad pública, defensa nacional, negociaciones y relaciones internacionales, información que ponga en riesgo la estabilidad financiera o bien la política monetaria de un país; b) causales de reserva de naturaleza ministerial o judicial, es decir, aquella información vinculada a indagatorias o a procesos judiciales como por ejemplo, la que obstruya la prevención o persecución de los delitos, aquella que afecte a los derechos del debido proceso o la que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, y c) causales de reserva de naturaleza gubernamental, es decir, aquella que afecta la deliberación de los asuntos públicos previos a la toma de decisiones, como por ejemplo aquella que sirve en los procesos deliberativos de los servidores públicos antes de que sea definitiva.

Es claro que el establecimiento de causales de reserva supondrá el establecimiento de un periodo en el cual dicha información deberá estar reservada. El plazo en diferentes sistemas es variado pero oscila entre los cinco y siete años desde el momento que se clasificó como reservada la información por el servidor público. A la par del establecimiento de la causal y la temporalidad, se deberán establecer procedimientos claros y precisos tanto en la lógica de la dependencia que clasifica la información hasta del órgano garante que pueda fungir como protector del derecho de acceso hasta en su caso la posible judicialización de la negativa.

En ese sentido, los procedimientos deberán acompañar tanto a las obligaciones de transparencia como al derecho de acceso a la información. En el caso del segundo la negativa será directa a una solicitud de información ciudadana, por lo que en toda dependencia deberá existir por lo menos un comité de información que verifique la negativa y la prueba de daño que se responderá al ciudadano que pregunta. A la par se deberá establecer un procedimiento que permita al ciudadano impugnar la resolución ante un tercero distinto de la dependencia para que este pueda verificar la debida fundamentación y argumentación de la dependencia en el armado de la negativa.

02:24

Como ya adelantamos, entenderemos que la clasificación de la información por razón de la confidencialidad estará vinculada a la protección de los datos personales concernientes a personas identificadas o identificables. Esta llamada información confidencial, a diferencia de la información clasificada como reservada, no se encontrará sujeta a ninguna temporalidad, es decir, que en todo momento deberá permanecer con el carácter privativo de su naturaleza específica.

Esta información en primer lugar es aquella que los particulares entregan a los órganos del Estado con ese carácter pero también se considera como información confidencial aquella como: a) los secretos bancario, fiduciario y bursátil; b) secreto industrial y comercial, y c) secreto fiscal y postal.

A la par, esta confidencialidad no supone que existan casos en que por las necesidades propias del interés público esta información en ocasiones sea susceptible de ser divulgada. En ese sentido, el consentimiento del titular de la información quedará en un segundo término por la relevancia de la información, como es el caso de a) la información que se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, b) aquella que por mandato de alguna ley tenga el carácter de pública, c) aquella que se vea afectada por una orden judicial, o bien d) aquella que es divulgada por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros.

Es importante referir que la negativa de acceso a la información en las causales de confidencialidad no significa que en ocasiones no pueda entregarse el resto de la información que completa una solicitud. Para la protección de la confidencialidad el servidor público podrá en su caso eliminar cualquier rastro de dato que comprometa la privacidad y, así, podrá entregar el resto de la información en un ánimo de potenciar el principio de máxima publicidad.

Section 4: 4. El órgano garante.
03:24

Uno de los temas centrales en materia de transparencia y acceso a la información es justamente si debe existir o no un órgano dentro de la estructura competencial del Estado que garantice la vivencia y vigencia de ambos temas. Para ello, mucho se ha debatido en torno a la carga presupuestaria o a las labores que desempeñaría dicho órgano hasta su autonomía o dependencia de algún otro órgano del Estado. Lo cierto es que en el repertorio internacional tenemos ejemplos claros en donde observamos el menoscabo o la plenitud del derecho de acceso a partir de la constitución o no de un órgano garante.

El sometimiento de todos los órganos del Estado a una política de transparencia y acceso a la información debería presuponerse como un ejercicio de cumplimiento y de actuación bajo los principios rectores de la materia, sin que para ello existiera un tercero ajeno a la relación ciudadano-administración que pusiera orden o que resolviera los conflictos que pudieran darse entre ellos con motivo del derecho de acceso a la información o con motivo de la obligación que asume el Estado de transparentar.

A pesar de ello, la experiencia comparada nos muestra la necesidad del establecimiento del órgano que desarrolle, dé seguimiento y potencie las peculiaridades propias de la materia, o bien que dé orientación o sirva de guía respecto los derroteros y criterios a seguir tratándose de conflictos suscitados a partir del ejercicio del derecho. De igual manera dicha experiencia comparada ha servido para vislumbrar como el llamado órgano garante acompaña de manera especializada toda la construcción del sistema de transparencia indicando los ejes rectores y capacitando a los servidores públicos de las administraciones para realizar un trabajo eficaz y eficiente en materias de información colocada en la vitrina de lo público, construyendo y detallando indicadores que permiten no solo observar la aplicación sino medirla en términos que puedan interesar a todos.

A pesar de las virtudes que hemos detallado sobre el órgano garante, es importante referir que la tarea primordial del mismo deberá estar vinculada al derecho de acceso a la información. Dicho órgano fungirá como tercero ajeno a la relación ciudadano-administración para resolver las controversias suscitadas entre ambos a partir de las negativas de la información o bien a partir de la entrega incompleta, omisa o bien del silencio de las administraciones. Como órgano especializado, será el encargado de resolver dichas controversias potenciando los principios rectores y, desde luego, sorteando las interferencias que puedan venir desde los gobiernos. Es por ello que para lograr los alcances previstos una de sus típicas características será la autonomía de la cual hablaremos más adelante.

El órgano garante tratará de eliminar las asimetrías que puedan generarse en el sistema entre diversos órganos del Estado. Estas asimetrías pudieran ocasionar desestabilizarlo generando diversos modos de aplicación de la misma, teniendo órganos con un adecuado cumplimiento y otros que pretendan evadir las obligaciones. Es ahí donde el órgano garante armoniza y estandariza.

03:33

Como hemos anticipado en lecciones anteriores, el denominado órgano garante realiza actividades de integración y resolución de toda la política de transparencia y del derecho de acceso a la información, resuelve, establece criterios, impulsa una adecuada armonización a partir de criterios estables y especializados y en general vigila el cabal cumplimiento en todo el sistema de una adecuada publicidad estatal.

Pero todo este enramado de actividades del órgano garante no podría llevarse a cabo o sería parcialmente inexistente si este no es concebido bajo la idea de autonomía. Esta idea de autonomía no es menor, pues implica un diseño estructural especial del órgano garante que impida a toda costa las interferencias o posibles interferencias del poder con la vivencia del principio de máxima publicidad.

La experiencia comparada nos indica que en muchas ocasiones la vivencia del principio de máxima publicidad es incómoda para algunos gobiernos o administraciones, que buscarán a toda costa el menoscabo o secrecía de la información que es en realidad pública. Los intereses que mueven a los órganos de gobierno deberán estar por debajo siempre del interés público y por ello la autonomía de la cual debe dotarse al órgano garante es una autonomía con dos vertientes primordiales: gestión y presupuestal.

La llamada autonomía de gestión con la que se debe dotar al órgano garante estará vinculada a un dejar hacer, es decir, que ninguna otra potestad delegada del Estado, llámese ejecutivo, legislativo o judicial, deberán siquiera pretender interferir en ninguna de las decisiones respecto a la resolución de controversias en materia de transparencia y acceso a la información, dotando con ello al Estado de una plenitud de actuación que será vital para la supervivencia del este organismo. Esta autonomía de gestión comenzará desde el momento del nombramiento de los integrantes del mismo hasta la inatacabilidad de las resoluciones.

Por otro lado la autonomía presupuestaria se entenderá como la capacidad que tenga el órgano de no ser dependiente de ninguna otra entidad del Estado de las referidas con anterioridad pues, como sabemos, aun cuando dotemos al órgano garante de autonomía de gestión, si no lo dotamos de autonomía presupuestaria quedará sujeta al chantaje, coacción u opresión de otra entidad que pudiera interferir con una adecuada vivencia tanto de la transparencia como del derecho de acceso a la información. Esta autonomía presupuestaria implica que el llamado órgano garante solo quede a expensas de la aprobación del mismo bajo los mecanismos de contrapesos establecidos en todos los sistemas democráticos pero en ningún caso dependiente de una autorización preliminar de otra entidad.

Una adecuada construcción autónoma del órgano garante produce efectos multiplicadores en todo el sistema de transparencia y acceso a la información. La sujeción del mismo a todo el sistema de pesos y contrapesos democráticos y desde luego el sometimiento a un proceso de rendición de cuentas periódico permiten que dicho órgano se legitime de inmediato con la ciudadanía y se posicione con fortaleza frente a toda la estructura orgánica del Estado.

03:31

Si bien es cierto la autonomía es el asidero principal del llamado órgano garante también es cierto que una adecuada composición de tareas, donde el sistema de pesos y contrapesos así como el respeto a las demás competencias o facultades otorgadas a otros órganos del Estado no sean invadidos será una tarea fundamental.

En ese tenor las facultades de dicho órgano podrán organizarse en: a) tareas de transparencia, es decir, todas aquellas vinculadas a la política de transparencia promovida por el Estado; b) tareas de acceso a la información, es decir, aquellas que pretendan garantizar y hacer efectivo este derecho; c) tareas de promoción, es decir, aquellas vinculadas a difundir el tema a la ciudadanía pero también la debida capacitación a los funcionarios públicos, y d) tareas de rendición de cuentas, aquellas orientadas a la verificación de la gestión realizada.

En la definición de las tareas de trasparencia es necesario que el órgano garante sea dotado de facultad de vigilancia y en su caso de expedir recomendaciones a las dependencias o entidades que se han evadido en el cumplimiento o han realizado la puesta en marcha de la política de manera errónea. Estas recomendaciones pueden ser de carácter vinculante o no vinculante. En la experiencia comparada vemos como en el caso de las no vinculantes en realidad surte un efecto de presión de cara a la opinión pública cuando se publicitan y se evidencia a los órganos poco transparentes.

En el caso de las tareas vinculadas al derecho de acceso a la información aparece de inmediato la de resolver los conflictos o controversias suscitadas entre el ciudadano y la administración respecto a: a) las negativas de la información, b) la información incompleta o parcial, c) el silencio de la autoridad, d) la información poco clara, y d) la información que pueda contener vulneraciones a la confidencialidad. Esta tarea es medular, pues no solo abarcará las tareas descritas, sino que implicará la orientación y el asesoramiento en su caso al ciudadano que considera que su derecho está siendo menoscabado.

Una tarea mayor será la de promoción de una cultura de trasparencia y de acceso a la información, pues la misma no solo se agota en campañas de sensibilización ciudadana o sensibilización de los servidores públicos respecto a su actuar en la materia, sino que la promoción implica encontrar los mecanismos comunicacionales necesarios para revertir las inercias de una cultura que puede vivir acostumbrada al ocultismo o al secretismo. Así las tareas de promoción encargadas al órgano garante no son menores y no deberán desdeñarse, pues permitirán una transformación de toda la cultura ciudadana respecto al tema.

Por último tenemos las tareas de rendición de cuentas, las cuales deberán abarcar no solo un ejercicio de eficiencia presupuestaria sino que integrarán los datos que emanan del mismo órgano garante y los que emanen de todos los sujetos obligados dando cuenta de la utilización ciudadana de tan importante política y derecho. Este ejercicio al menos deberá hacerse una vez al año.

02:05

Contar con un órgano garante en principio autónomo de su gestión y de su presupuesto es un logro que puede verse empañado por la composición del mismo, es decir, que si los miembros que lo integran no pueden proporcionarle un similar grado de autonomía respecto a sus vínculos o intereses, el problema seguirá siendo el mismo: la dependencia.

Es por ello que la instrumentación del órgano garante supone, al igual que la autonomía de presupuesto y de gestión y que la selección de facultades o competencias, un reto importante que se deberá superar. En ese sentido la designación de los integrantes del mismo deberá tener como principal visión la desvinculación partidista y la desvinculación gubernamental, es decir, que los miembros no tengan, como se dice en el lenguaje político ni filias ni fobias. Se buscarán perfiles de conocimiento técnico especializado, por lo que el órgano tendrá que ser eminentemente ciudadano para que funcione de cara a la ciudadanía.

A la par, en la integración del órgano garante se deberán establecer mecanismos de contrapeso democrático, evitando que tanto la selección como la elección y nombramiento recaigan en un solo órgano del Estado y por supuesto dicha integración deberá estar ceñida al principio de colegialidad en donde el cuerpo colegiado haga cabeza del órgano. Un tema no menor es la temporalidad del cargo. Es imperante que el diseño del mismo siempre venga acompañado por periodos que permitan un trabajo continuo y no interrumpido por cambios recurrentes. Así la experiencia comparada nos demuestra órganos que duran en el encargo de cinco a siete años.

Por último la composición debe venir acompañada de un blindaje respecto a la remoción de sus integrantes, equiparándolos con los de otros órganos del Estado para evitar un tipo de control de facto sobre ellos.

03:23

A diferencia de lo que ocurre con las recomendaciones que puede emitir el órgano garante en materia de política de transparencia en donde la vinculación o no vinculación de las mismas podrá verificarse dependiendo el sistema normativo en el cual estemos insertos, cuando se trata de resoluciones en las cuales el órgano garante actúa como tercero para resolver el conflicto entre ciudadano y administración las resoluciones siempre deberán ser vinculantes. Recordemos que el órgano garante actuará en un segundo momento luego de que el ciudadano ya ha pedido a la dependencia o administración alguna información y esta se la ha negado, se la ha entregado incompleta, no le ha respondido o bien le ha entregado una información que no es asequible para su entendimiento.

Con el elenco de posibilidades descritas el órgano garante evaluará la negativa, el silencio o la información parcialmente entregada, solicitará un informe a la administración o dependencia y luego emitirá una resolución la cual de inmediato deberá ser: a) vinculante e inapelable para el sujeto obligado y b) recurrible para el ciudadano.

En esta resolución el órgano garante tiene diversas opciones. La primera de ellas es no confirmar la negativa de la información, dando paso con ello a que el sujeto obligado entregue la información. La segunda opción es que se confirme la negativa de información, valorando el órgano garante la prueba de daño que realizó el sujeto obligado así como el tipo de información que el ciudadano pedía corroborando las características de daño que refirió la dependencia en la clasificación de la misma. Con ello se habilita al ciudadano a buscar recurrir la resolución ya sea por la vía administrativa o bien por la vía judicial según el sistema lo indique.

Otros casos son cuando la información es incompleta, cuando existe silencio o bien cuando la información es poco clara o comprensible para el ciudadano. En estos tres casos tenemos diversas opciones a seguir. Cuando la información es incompleta el órgano garante deberá ceñirse al principio de máxima publicidad y en consecuencia asumir que la información debe tenerse como no entregada. En el caso del silencio por parte de la dependencia el sistema podría adoptar un mecanismo de afirmativa ficta, en donde el órgano garante suponga la entrega de la información salvo que el mismo detecte que es una información reservada. En realidad supliría a la dependencia en la valoración de la información. Para el caso de la información poco clara o poco comprensible el órgano garante deberá establecer como no entregada impulsando al sujeto obligado a buscar mecanismos que permitan la comprensión de la información que es publicitada o entregada al ciudadano.

La vinculación de este tipo de resoluciones deberán tener de igual manera un efecto pedagógico en los sujetos obligados, potenciando un mayor cuidado en las respuestas al ciudadano pero también cultivando en los servidores públicos la cultura de la trasparencia a partir de criterios establecidos por el órgano especializado en la materia.

02:06

Una de las grandes preocupaciones que nos evidencia la experiencia comparada es sin duda el tema de las asimetrías que se pueden generar a partir de un órgano garante. Es claro que el régimen de competencias de casi todos los sistemas políticos establecen órdenes federales, órdenes locales y órdenes municipales u órdenes nacionales y órdenes autonómicos permitiendo que en ellos coexista la facultad para establecer órganos garantes para las diversas realidades competenciales. Dicho de otra manera, en un Estado cabe la posibilidad de tener una pluralidad de órganos garantes.

En ese sentido puede ocurrir que tengamos un órgano garante nacional o federal muy fuerte, pujante con una adecuada vivencia de la autonomía y que por el contrario tengamos realidades provinciales, autonómicas o locales con órganos garantes, apocados, dependientes o sometidos por el poder político propiciando con ello que en un mismo Estado tengamos diversos niveles de transparencia y diversos niveles de garantía del derecho de acceso a la información. Ante tal situación es necesario el establecimiento de diálogo funcional entre los órganos a fin del establecimiento de criterios similares que permitan al menos desde la institucionalidad hacer funcionar a todos los órganos bajo los mismos estándares de interpretación.

Lo mismo ocurre cuando el órgano garante no cumple con algunas de sus tareas o de facto es invadido, amenazado o sometido por algún otro poder del Estado en donde la falta de fortaleza de este daría pie a una vivencia asimétrica de la política de transparencia o de la garantía del derecho a la información en los diversos sujetos obligados, haciendo con ello fracasar el sistema.

Es de capital importancia que el sistema implementado por el órgano garante vigile de manera permanente la simetría en la implementación de toda la política, esa deberá ser una de sus tareas primordiales.

02:07

Como corolario de esta sección es inevitable hablar del trabajo que puede aportar el órgano garante en la construcción y diálogo con otros interlocutores del ámbito internacional sobre los estándares internacionales y sobre todo en su recepción, ejecución y difusión en sede nacional. La ventaja de la consolidación de este tipo de órganos radica en evitar la dispersión o la multiinterpretación de la norma en materia de transparencia o acceso a la información en sede interna, pues como veíamos la posible pulverización de órganos garantes o de sujetos obligados sin una guía de interpretación puede producir diversas asimetrías. En ese sentido los llamados órganos garantes permitirán realizar un ejercicio de concentración tanto interpretativa como de recepción de mejores prácticas hacia adentro y por supuesto para comunicar hacia afuera del mismo Estado.

Para el caso del diálogo con otras entidades internacionales, permitirá compartir, escuchar y observar mejores prácticas en la materia, llevará la agenda de indicadores que permitan demostrar la eficacia y eficiencia del Estado en la aplicación correcta de la materia o bien impulsará otras áreas del Estado a partir de una comunicación de transparencia y democracia hacia el exterior. Por su parte en la recepción de mejores prácticas y estándares internacionales será a través del mismo que el Estado pueda acceder a estas prácticas y sobre todo ponerlas en marcha con una agenda de recepción que irradie a todos los sujetos obligados vinculados por la política de transparencia.

Es claro que en todos los llamados sistemas democráticos del mundo tanto la transparencia como la garantía del derecho de acceso a la información se han vuelto un motor de actuación y por ello el diálogo hacia mejores prácticas, la estandarización de procesos y la recepción de los mismos constituirán parte de la agenda cotidiana de los llamados órganos garantes.

Section 5: 5. Procedimientos y sanciones.
03:29

Una política sin procedimientos sería como un decálogo de buenas intenciones que nunca se materializa. Es por ello que el adecuado diseño, armado, instalación y ejecución de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información harán que la política camine hacia el logro de sus objetivos.

En sede administrativa los procedimientos a implementar deberán ser en dos vías: los primeros de ellos vinculados directamente a la política de transparencia y los segundos a la garantía del derecho de acceso a la información. Hablemos de los primeros.

Los procedimientos en materia de transparencia serán movidos por las obligaciones que la ley establezca a los sujetos obligados de colocar en la vitrina del escrutinio público determinada información. En ese sentido cada sujeto obligado deberá periódicamente (y con ello nos referimos a un plazo mínimo razonable) publicitar y actualizar la información que coloca en dicha vitrina. De igual manera deberá revisar que la misma es oportuna, clara y asequible con la finalidad de evitar un esfuerzo mayor al ciudadano para poder entenderla. Este trabajo será permanente y continuo ocasionando un constante diálogo entre ciudadano y administración mediando únicamente la información disponible.

Los procedimientos vinculados al derecho de acceso a la información deberán suponer para la administración, en primer lugar, un diseño institucional que permita capacitar al servidor público para la atención y respuesta de la solicitud de acceso bajo los principios que rigen en la materia. De igual manera, obliga a dotar de facultades a los servidores públicos que darán respuesta a las mismas así como a construir todo el camino que seguirá la recepción, estudio y respuesta de dicha solicitud en el tiempo establecido por la ley que deberá estar ceñido al principio de celeridad.

Una vez radicada la solicitud del ciudadano, la administración deberá turnarla al área correspondiente para su estudio y respuesta. Esta área de la dependencia en turno deberá evaluar si la información es susceptible de entregarse al ciudadano o bien si la misma se encuentra en alguna de las causales de clasificación, como son la reserva o la confidencialidad. Para este segundo caso la dependencia deberá establecer un procedimiento que le permita de manera colegiada evaluar la clasificación y en su caso emitir la respuesta al ciudadano. Una vez determinado ello, el área a través del enlace establecido por la administración deberá dar respuesta al ciudadano.

Todo procedimiento en sede administrativa deberá estar acompañado de los principios rectores de la materia evitando que el ciudadano pueda, por cuestiones de formas o procesos, ser impedido de un auténtico acceso a la información, es decir, que tanto la celeridad como la suplencia y la facilidad para integrar la solicitud deberá ser una norma de trabajo para el diseño de estos procedimientos a la par de una política inclusiva que haga vivenciales los principios de no discriminación y universalidad estando obligada la administración al diseño de procedimientos que no puedan generar discriminación a ningún sector o grupo poblacional.

03:20

Al igual que sucede para la administración pública, el poder legislativo deberá implementar procedimientos que actualicen la vivencia de la política de transparencia y garantice el derecho de acceso a la información. La experiencia comparada nos sugiere que para la instauración de estos procedimientos existen dos vías posibles. La primera de ellas cuando el poder legislativo es reconocido como sujeto obligado pero independiente de los criterios y procedimientos a los que se sujeta la administración pública y desde luego en el caso de existir, no sometido al trabajo que realice el órgano garante en la materia. La segunda vía es un poder legislativo que decida seguir la ayuda y criterios del órgano garante en materia de transparencia. Revisemos las dos alternativas.

La primera de las vías supone que el órgano legislativo deberá facultar a diversas áreas de su estructura para el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley como sujeto obligado, las cuales se entienden como un mínimo y no un máximo, por lo que en sede legislativa deberán observarse y publicarse a qué otras obligaciones de transparencia particulares de la labor legislativa se deberá someter el órgano. Los procedimientos deberán, al igual que en sede administrativa, dividirse en dos: procedimientos de transparencia y procedimientos de acceso a la información. En el primer caso al igual que lo sucedido con la administración, el órgano legislativo deberá establecer el mecanismo continuo y permanente y sobre todo de fácil difusión de la información que estará todo el tiempo disponible a lo público. Deberá de igual manera diseñar mecanismos de capacitación del personal encargado y construir facultades específicas para el desarrollo de las actividades vinculadas a la transparencia.

Para el segundo de los casos, el órgano legislativo deberá orquestar un procedimiento que iniciará con la recepción de la solicitud y el envío al área correspondiente, entendiendo en este caso no solo las áreas administrativas de la o las cámaras, sino también las fracciones parlamentarias que integran la legislatura. Desde luego el procedimiento supondrá el estudio y gestión para la entrega o no entrega de la información y, en el último momento, se deberá diseñar el procedimiento para la entrega. Como observamos, la construcción procedimiental correrá una suerte similar a la sede administrativa. El problema vendrá cuando exista una negativa y el ciudadano quisiera impugnar la resolución. Es claro que al encontrarse desvinculado del órgano garante deberá diseñar un procedimiento que le permita al ciudadano la impugnación sin que ello suponga una falla esencial a cualquier debido proceso en donde el juez también será parte.

Para la vía donde el poder legislativo se sincroniza con el órgano garante será necesario establecer de manera adecuada si la misma estará en función de seguir los criterios en materia de transparencia o si se sitúa en materia de acceso a la información a las resoluciones que para el caso emita el órgano, asumiendo de antemano el respeto competencial y la no injerencia sobre este.

01:43

El poder judicial no se escapa a la política de transparencia y mucho menos a garantizar el derecho de acceso a la información. El mismo deberá sumarse como sujeto obligado transparentando, al igual que otros órganos del Estado su actuar.

Al igual que sucede con el poder legislativo, el poder judicial podrá asumir este reto a partir de las mismas dos vías que para el legislativo, asumiendo procedimientos respecto a las obligaciones de transparencia y desde luego estableciendo procedimientos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Para la instauración de los procedimientos en sede judicial habrá que tomar en cuenta las peculiaridades del mismo y el tipo de información que maneja.

En ese sentido, el poder judicial deberá distinguir varias cuestiones para la instauración de procedimientos, como por ejemplo si la información es de carácter jurisdiccional o bien si la información solo obedece a la función administrativa de este. Así pues encontraremos que el poder judicial respecto a su función administrativa instaurar [V1] los procedimientos necesarios para que sus funcionarios coloquen en la vitrina de la información toda aquella que sirva para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que se han dotado para el resto de los agentes del Estado. Deberá capacitar a su personal, establecer funciones y facultades, y sobre todo instaurar los procedimientos necesarios para la actualización y mejora de la calidad de la información que se otorgue. Respecto a la información jurisdiccional el poder judicial deberá partir de la base que todo proceso judicial abierto se deberá encontrar como información clasificada como reservada hasta que el mismo no cauce, lo que en el lenguaje jurídico se denomina estado, es decir, hasta que no exista un posible recurso o las partes hayan optado por no ejercerlo. De igual manera, respecto a esta información, el poder judicial deberá establecer los procedimientos necesarios para que su personal pueda elaborar las versiones públicas de los mismos, es decir, que el expediente judicial deberá ser presentado de tal suerte que no pueda comprometer la información confidencial de las partes en litigio.

La otra vertiente de los procedimientos estará relacionada con la garantía del derecho de acceso a la información. En este tenor el poder judicial deberá instaurar los mecanismos necesarios para hacer efectivo el mismo, partiendo desde la recepción de las solicitudes, la gestión interna de las mismas y por supuesto la entrega de la información. Al igual que sucederá en sede administrativa el poder judicial deberá prever un mecanismo que permita la impugnación de las negativas de entrega de información, mecanismo que puede ser entendido como desafortunado pues el poder judicial se volvería juez y parte en la resolución de dichos asuntos.

La instauración de procedimientos en sede judicial podría y debería estar orientada, al igual que sucede para el legislativo y el ejecutivo por el órgano especializado en la materia que permitiría estandarizar los procedimientos y tener criterios similares en ella.


[V1]¿Falt algo de texto? No se entiende bien.

03:12

Cualquier entidad designada como sujeto obligado deberá articular en su estructura orgánica procedimientos y políticas internas que permitan hacer nítida la política estatal de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información de la mejor y más amplia manera posible. En ese sentido, encontramos en la experiencia comparada realidades institucionales que quedan fuera de los típicos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y que incluso se les dota de un grado de autonomía pleno para su operación. Ellos no quedan exentos de transparentar su actuar, por el contrario siempre deberán ser incluidos con todas y cada una de las obligaciones de trasparencia e inclusive, atendiendo a la naturaleza o características específicas del órgano, ampliar el catálogo a obligaciones específicas que solo dicho órgano pudiera cumplir.

En dichos órganos encontraremos procedimientos vinculados a la agenda de transparencia y por supuesto procedimientos tendientes a garantizar el derecho de acceso a la información. Respecto los primeros, es menester referir que el órgano deberá instrumentar las acciones necesarias para que su personal publicite la información concerniente al mismo y que la mantenga actualizada. Como en otros casos dicha información deberá ser a) asequible, b) actualizada, y c) de relevancia pública. Estos órganos deberán gestionar la manera más adecuada y pertinente para que el ciudadano, cualquiera, acceda a la información estableciendo portales de Internet u oficinas que permitan el conocimiento de la misma. A la par deberá incorporar en sus manuales de procedimientos la forma en la que estos servidores públicos procederán con el cuidado y publicidad de la referida información.

La segunda vertiente de los procedimientos estará arraigada en el derecho de acceso a la información. En este sentido en la estructura orgánica y los manuales de procedimientos estos órganos deberán incluir la admisión, gestión y respuesta de todas las solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas de la misma forma en la que lo hacen el resto de sujetos obligados. Podrá celebrar convenios con el órgano garante si este existe, para la gestión de la recepción de las solicitudes, pero para efectos de gestión y respuesta él tendrá que hacerse cargo. A la par deberá designar los órganos colegiados necesarios para la deliberación y en su caso establecimiento de limitaciones al derecho de acceso tales como información reservada o información clasificada.

Como podemos apreciar, la política de transparencia tiene la firme intención de penetrar en todos y cada uno de los órganos del Estado no importando su condición o autonomía, potenciando con ello una transformación paradigmática de la relación Estado-información, no habiendo pretexto para ninguna realidad institucional que pretenda escaparse de la construcción y ejecución de dicha política y mucho menos que pretenda escaparse de la garantía del derecho de acceso a la información.

03:28

Uno de los ejes rectores de la política de transparencia es conseguir que esta se logre implementar tanto de manera vertical como de manera horizontal, es decir, no solo verificar el cumplimiento de cara al ciudadano sino ejecutar la política irradiando de manera similar a todas y cada una de las competencias del Estado es decir que, al momento de la implementación, no deberán quedar huecos o asimetrías en donde el espacio público no sea inundado por la información de algún agente del Estado o bien se implemente de manera diferenciada por un inadecuado entendimiento de la misma o, peor aún, para generar marcos de escapatoria o corrupción de algunos servidores públicos que no quisieran ser fiscalizados o transparentados en su actuar.

Para ello es necesario que dicha política tenga como presupuesto la estandarización de los procedimientos y criterios en la materia. Para lograrlo deberán darse dos supuestos posibles: a) la creación de un órgano garante que permita la ejecución adecuada de dicha política, y b) la fijación de criterios y procedimientos desde la misma política. A continuación hablaremos de ambas.

Para el primer supuesto será necesario dotar al órgano garante de autonomía tanto de gestión como presupuestaria para evitar ser presionado por cualquier órgano del cual pudiera depender. Ello conduciría al órgano garante a poder incidir positivamente y sin presiones en un ámbito más profundo en el diseño estructural de procedimientos y criterios, logrando con ello una mejor y más atinada comunicación a todo el resto de sujetos obligados. El establecimiento de criterios tiene, más que una labor sancionatoria, una labor pedagógica que ilustra a los funcionarios públicos que deben aplicar la legislación en la materia a saber cómo hacerlo a partir de la casuística cotidiana.

De igual manera la implementación de plataformas nacionales que permitan identificar estos criterios de la realidad nacional a pesar de la diferencia competencial ilustra mucho al servidor público sobre cómo resolver o enfrentar las peculiaridades específicas de la materia, pero sobre todo cómo poder comunicar a lugares que se encuentren más atrasados o aislados un conjunto de conocimientos específicos que les permitan adaptar su conocimiento y poder hacer vivencial la garantía del derecho de acceso a sus ciudadanos.

La estandarización de procedimientos de igual manera permite que el ciudadano común dentro de la realidad nacional pueda tener acceso a la información en cualquiera de las competencias del estado siguiendo el mismo camino y no enfrentándose a realidades procedimentales de distinto nivel. Hemos observado como, en la experiencia comparada, permitir que los sujetos obligados establezcan sus procedimientos solo conduce a complejizar la forma en la que el ciudadano puede hacerse de la información atrayendo en última instancia la imposibilidad, por desánimo, de acceder a la misma. El acceso a la información debe ser fácil por lo que procedimientos diferenciados y en ocasiones abigarrados estarían directamente en contra de una adecuada política de transparencia.

02:06

Es inevitable que hablando de procedimientos no hagamos mención a aquellos que se sustancian o pueden sustanciarse en un posible órgano garante. En ese sentido es menester precisar que dicho órgano deberá tener como primer procedimiento aquel vinculado a su actuación como tercero en la controversia suscitada entre el ciudadano y el Estado respecto a la negativa de información. Así deberá entenderse que el ciudadano tendrá un recurso fuera de la dependencia que le negó la información, evitando con ello que la misma dependencia que le negó la información ahora sea quien resuelva sobre dicha negativa. Como puede apreciarse ello provocaría un quiebre del derecho de acceso a la información por una inadecuada implementación de procedimientos.

De igual manera, el órgano garante podría, si existiera un sistema nacional, operar para determinados casos como una segunda instancia o instancia de revisión de la realidad competencial de las provincias o autonomías en donde se establecieran dos vías, por un lado la vía de la atracción y por otro la vía de la inconformidad. En ambos casos el órgano garante actuaría con un ánimo de garantizar al máximo el derecho de acceso pero también para evitar las intromisiones del poder público en lugares poco formados en la política de transparencia donde el poder político se sienta amenazado y trate de interferir.

De igual manera el órgano garante deberá establecer procedimientos que permitan hacer llegar la capacitación a todos los sujetos obligados que lo requieran proveyéndolos de los estándares específicos de la materia para su aplicación. Desde luego que el mismo órgano garante no se escapará del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de garantizar el derecho de acceso a la información al seno de su organización debiendo establecer todos y cada uno de los procedimientos para cumplir con ambas tareas.

03:38

Es inevitable afirmar que toda política de transparencia y derecho de acceso a la información si no viene acompañada de algún tipo de sanción por su incumplimiento o negligencia, sería como hablar de un repertorio de buenas intenciones que no necesariamente se cumplirán en la realidad. Es por ello que a esta política hay que acompañarla en la legislación de un repertorio de sanciones a aquellos servidores públicos que no la obedezcan, cumplan o bien que la apliquen de manera irregular.

Será una pregunta obligada el tipo de sanción a establecer y para ello la gama es variada pero partiendo de una primera aproximación encontraríamos sanciones de carácter administrativo y sanciones de carácter penal. Es claro que ambas podrían ajustarse a un catálogo de sanciones en la materia dependiendo de la gravedad, intensidad y reincidencia de la conducta, pues el manejo de información, la negativa de la misma, el dolo que pueda existir en la respuesta o la negligencia en el cuidado de aquella son elementos que nos abastecen de una multiplicidad de conductas que pueden llevarnos a diversos tratamientos de sanciones.

Dentro de la gama de sanciones administrativas encontramos una diversidad de posibilidades. En distintos sistemas jurídicos encontramos desde apercibimientos hasta inhabilitación para poder desempeñarse como funcionario público durante un determinado tiempo y las conductas normalmente se encuentran en el rango de no entregar la información por negligencia hasta no entregarla por dolo. En cualquier caso y más allá de la sanción que se determine, lo relevante es que no puede existir esta política de transparencia si no viene acompañada de su correspondiente catálogo de sanciones. Lo mismo ocurre con la vía penal y los castigos que implica, pues tratándose de conductas dolosas el Estado podría sancionar al funcionario inclusive con pena privativa de la libertad al descuidar un bien jurídico colectivo y sobre todo tratar de dañarlo. Desde luego existe la posibilidad de la imposición de multas al servidor público que incumpla las cuales deberán estar acotadas y previstas en la ley y desde luego y, como ocurre con las otras sanciones, ser consecuencia de un procedimiento previo en donde se escuche al infractor.

Un catálogo de sanciones deberá establecerse para aquellas conductas que a) interfieran directamente con las solicitudes de información; b) utilicen la información bajo custodia del servidor público para fines diversos, c) no actualicen la información a su cargo o la declaración de inexistencia de la misma, d) no documenten información del ejercicio de sus funciones, e) generen clasificación de la información con dolo o negligencia y e) no acaten en su caso las resoluciones de los órganos garantes.

Iniciamos este apartado refiriéndonos a la necesidad del establecimiento de sanciones para que el servidor público cumpla con la normativa en la materia pero también es cierto que dicha imposición de sanciones se reduce exponencialmente a partir de un adecuado manejo y sobre todo a partir de una adecuada comunicación de la política pública provocando que aquellos se empapen de un nuevo paradigma de su hacer cotidiano incorporando las directrices como una más en su día a día.

Section 6: 6. Otros tipos de Transparencia y mecanismos del Dcho de Acceso a la Información
04:29

Cuando se abordan temas de transparencia y acceso a la información inmediatamente nos preguntamos si en realidad todos los órganos del Estado deberán estar obligados o bien si alguno por su labor puede quedar excluido de ello. De igual manera es necesario preguntarnos si las obligaciones de transparencia son un mínimo o un máximo o si se convierten en un listado limitativo y no enunciativo respecto a las obligaciones de publicitar información. Estas preguntas se actualizan cuando tratamos el tema del poder legislativo.

El principio de máxima publicidad potencia la apertura de la información de todos los órganos del Estado, por lo que sería un contrasentido y una violación a dicho principio excluir a alguno. En ese sentido deberemos plantearnos que el poder legislativo, como sucede con cualquier otro órgano del Estado, cubre diversas funciones y dentro de ellas existirán diversas posibilidades de transparentar información. Así, desde la función administrativa del poder legislativo será muy fácil entender que este deberá poner en la vitrina del escrutinio público toda aquella información que verse sobre remuneraciones, facultades, contratos y todas aquellas que por regla general son similares a los demás órganos del Estado.

Ahora bien, desde la óptica de la función legislativa habría que preguntarnos cuáles son las tareas susceptibles de ser transparentadas o bien cuáles son susceptibles de ser accedidas por el público. Así se nos presentan a) actividades estrictamente legislativas, como son la agenda legislativa, la gaceta o periódico parlamentaria, el listado de temas a tratarse en cada sesión, el diario de los debates parlamentarios, la asistencia de los miembros del congreso, parlamento o cámara, las iniciativas presentadas y por supuesto todo ello replicado en el trabajo de las comisiones que integran a cada una de las cámaras; b) actividades de su función judicial, como son las resoluciones definitivas sobre juicio político, declaraciones de procedencia, mociones de censuras o procedimientos de revocación de mandato de carácter parlamentario, y c) actividades complementarias de la actividad legislativa, como pueden ser las versiones públicas de toda aquella información entregada en audiencias públicas, comparecencias, designaciones etc., o toda aquella información vinculada a contratación de asesorías o prestación de servicios a los grupos parlamentarios, así como el padrón de grupos o personas que se encuentran activamente promoviendo algunos temas con los congresistas o parlamentarios mejor conocidos como cabilderos.

Cada una de estas actividades representan actividades propias de la actividad legislativa que, de sujetarnos a un cuadro de obligaciones de transparencia general para todos los sujetos obligados, dejaría a un lado información especialmente relevante para el debate de lo público. El quehacer del poder legislativo debe cuidarse especialmente, pues como hemos visto la información que maneja tiene una alta repercusión en la toma de decisiones de lo público. Las fracciones parlamentarias no pueden, ni deben, evadirse de su responsabilidad de transparentar, pues más allá del manejo de recursos públicos, estas fracciones manejan la agenda de discusión de los asuntos más relevantes del país en cuestión y se encuentran sujetos a diversos tipos de presiones de grupos que pudieran hacer sospechoso su actuar. Es por ello que en sede legislativa la cultura de la transparencia deberá ser un eje rector.

04:29

Por la labor que desempeñan, en ocasiones algunas personas dudan si el poder judicial deberá sumarse a la política de transparencia y derecho de acceso a la información, pues aducen que el expediente judicial siempre está protegido por el principio de sigilo y que por tanto no habría nada que publicitar. Ello es un error. Al igual que sucede con otros órganos del Estado, el poder judicial desempeña diversas funciones además de la labor jurisdiccional. En ese sentido es claro que, como cualquier otro poder del Estado, el judicial también desarrolla una labor administrativa en donde deberá participar de la lógica de la política de transparencia.

En ese sentido es de interés primordial de lo público la remuneración que obtienen sus miembros, así como la manera en que gasta o administra los recursos que le son asignados para el mejor desempeño de las funciones judiciales que permitan ofrecer mejor calidad en la impartición de justicia. Así pues respecto a la administración de recursos públicos es de capital importancia que este poder se sume, al igual que otros poderes. Ahora bien como adelantábamos, el poder judicial tiene otras funciones además de la administrativa, siendo sin lugar a equívocos la más importante la labor que le da su nombre: la judicial.

Una pregunta obligada es saber si desde la óptica de esta función habría algo que transparentar o de inmediato debemos asumir que todo ese flujo de información se encontrará protegido por el velo de la clasificación de la información. Es importante referir que aun y cuando en principio el expediente judicial deberá ser clasificado como reservado, también es cierto que dentro de la labor judicial existen áreas particulares que son susceptibles de transparentar. Así tenemos: a) actividades estrictamente judiciales, como son la publicación de tesis, ejecutorias, tesis jurisprudenciales o fallos relevantes, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de impacto o interés público o las versiones estenográficas de las sesiones públicas, y b) actividades no jurisdiccionales vinculadas con la labor judicial, como pueden ser la publicación de los procesos relacionados con la designación de jueces o magistrados.

En cuanto a la garantía del derecho de acceso a la información, el poder judicial deberá en todo momento dar acceso a los expedientes judiciales que hayan causado, cuidando en todo momento la protección de la vida privada a través del ocultamiento de los datos personales que en dichos expedientes obren. A pesar de la reticencia de algunos detractores de lo anterior es muy importante para lo público el conocimiento de la racionalidad del juzgador que se plasma en cada expediente judicial pues permite identificar al ciudadano una racionalidad estatal en la aplicación de la justicia materializada por ese servidor público que denominamos juez.

El poder judicial, a la par de otros órganos del Estado, no podrá ni deberá evadirse de la práctica de la política de transparencia. Es más, hoy existe la tendencia de buscar que todo tribunal se denomine con el adjetivo de abierto, es decir, que se nulifique la idea en el imaginario colectivo de que los poderes judiciales se mueven por el secretismo, el ocultismo o que lo críptico de su lenguaje produce poca trasparencia. Hoy en el mundo los poderes judiciales van por una vivencia plena de la cultura de la transparencia.

04:03

La polémica que desata la inclusión de los partidos políticos en una política de transparencia y en la garantía del derecho de acceso a la información es enorme debido a la naturaleza propia de estos institutos. No es menester de esta lección entrar al debate sobre esta naturaleza, pero sí lo es advertir que los partidos políticos son en buena parte de los sistemas políticos del mundo, financiados con dinero público, lo cual produce de inmediato un efecto de necesaria transparencia en el manejo de dichos recursos. Por otro lado también es cierto que en los partidos políticos existe una serie de informaciones que repercuten directamente en lo público y que por ende cuando se plantea si dichos organismos deben o no transparentar su actuar la respuesta se vuelve afirmativa.

Respecto al dinero que reciben tendríamos que hacer una primera distinción en cuanto al que obtienen por lo público y el que proviene de entidades privadas. La pregunta obligada sería si en ese caso también debería ser susceptible de transparencia. Para poder responder lo anterior y en conjunto con el principio de máxima publicidad y el interés público que reviste un partido político deberíamos partir del principio de que todo dinero ingresado al partido político deberá ser dinero publicitado en virtud de los compromisos, intereses y redes que supondrá el otorgamiento de apoyos económicos sin una adecuada fiscalización.

Respecto a un posible cuadro de obligaciones de transparencia ampliado resulta imperante decir que, como sucede con otros sujetos obligados, los partidos políticos al ejecutar gasto público se convertirá dicha ejecución en un asunto que interesa a todos respecto al pago de remuneraciones, adquisiciones, contratos y en general todas aquellas obligaciones que emanan a partir de la administración de dichos recursos. Lo cierto es que para el caso de partidos políticos sus obligaciones de transparentar se amplían a un catálogo adicional que se compone de: a) información de su estructura constitutiva, como pueden ser sus documentos fundacionales, la estructura del partido junto con sus funciones, el padrón de afiliados, los acuerdos de los órganos de dirección o los convenios de participación con organizaciones de la sociedad civil; b) información respecto a ingresos, como pueden ser los montos de las cuotas que se les cobran a los afiliados, los nombres y montos de las personas que otorgan donativos a los mismos, los montos de financiamiento público así como el estado de la situación financiera del mismo, y c) información respecto a precandidatos o candidatos, en donde se deberá referir al menos el currículum, la foto, la coaliciones con otras fuerzas políticas, los encargados de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos.

Como podemos observar los partidos políticos contienen información relevantísima para efecto de lo público. Ellos no pueden y no deben evadirse de una política de transparencia debiendo además mantener actualizada la información, establecer los mecanismos y procedimientos necesarios a efecto de garantizar tanto al ciudadano común como a todos sus integrantes el derecho de acceso a la información.

02:22

Cuando hablamos de transparencia y acceso a la información vinculada al tema de los sindicatos debemos ser cautelosos toda vez que podemos confundirnos al pretender que sujetos privados sean fiscalizados en su totalidad como un agente del Estado y ello sería un error. También es cierto que en esta categoría existen algunos que reciben dinero del Estado y otros no, por lo que sus obligaciones serán distintas.

A pesar de lo anterior y derivado del impacto que dichas agrupaciones sociales tienen en lo público, será necesario que en cualquier caso y a través de las autoridades administrativas o laborales en su caso, estas figuras hagan un esfuerzo por transparentar un mínimo de información entre la cual encontramos: a) todos aquellos documentos de su registro, b) sus estatutos, c) su padrón de afiliados, d) sus actas de asambleas y e) los contratos colectivos.

Para el caso de que el sindicato recibiera recursos públicos la información se ampliará y el sindicato que se encuentre en ese supuesto deberá incluir: a) los contratos, convenios o cualquier instrumento jurídico el cual contenga las obligaciones entre autoridades y sindicato; b) la relación detallada de los recursos públicos que reciban así como el ejercicio de los mismos. En este caso el sindicato deberá implementar los mecanismos y procesos necesarios para que el ciudadano pueda acceder a esa información y en su caso deberá ser susceptible de sanciones por un uso o ejecución inadecuada de dichos recursos.

Como podemos observar, estas agrupaciones de gran impacto en diferentes colectivos podrán adquirir una mejor legitimación entre sus agremiados en la medida que publiciten la información pertinente respecto a su actuar alejándolos de los manejos turbios o posibles actos de corrupción a partir de un sano ejercicio de la vida sindical.

03:55

El estatuto de autonomía universitaria podría hacernos pensar que, en materia de transparencia y derecho de acceso a la información, esta no tendría que ser incluida en el listado de sujetos obligados por el Estado y que en su caso ella debería, en virtud de su naturaleza, evaluar sus procesos de transparencia y determinar el tipo de información que incluye. Sin lugar a equívocos, la protección de la autonomía universitaria debe siempre ser considerada como un eje rector del Estado, sin embargo dicha autonomía no se ve menoscabada por la inclusión en la política de trasparencia, por el contrario, al igual que sucede con otros sujetos obligados, la inclusión de la misma en esta política deberá traer como consecuencia efectos multiplicadores de eficiencia y eficacia en la gestión pública tanto de los recursos que tiene que ejecutar como a la organización de la información que tiene en su actuar.

Una distinción obligada que tendríamos que hacer en materia de la Universidad resulta de la recepción o no de recursos públicos. En ese sentido, tendremos a) universidades denominadas públicas y b) universidades denominadas privadas. De esta primera distinción observamos un diverso grado de aplicación de la política de transparencia apareciendo a plenitud en las primeras y extinguiéndose casi por completo en las segundas solo quedando a merced de los posibles recursos públicos que reciban en materia de proyectos de investigación o docencia por parte de órganos del Estado. Para el caso de las primeras es necesaria una incorporación completa a las obligaciones de transparencia comunes a todos los órganos del Estado que ejercen recursos públicos así como la adopción de procedimientos que hagan vivencial el derecho de acceso a la información de todo ciudadano que pretenda información de ellas.

Las obligaciones de transparencia en el caso de la Universidad Pública, al igual que sucede con otros órganos, son solo un indicativo mínimo que se verá completado por una serie de obligaciones adicionales propias de la naturaleza universitaria que permiten identificar de mejor manera las actividades que impactan en lo público. En ese sentido el cuadro de obligaciones mínimo deberá completarse con: a) información sobre aspectos académicos tales como planes de estudio, perfiles del alumnado, duraciones de los programas académicos así como sus valores en créditos; b) información del cuerpo académico, tal como listado de profesores y sus respectivas evaluaciones, remuneraciones y estímulos por desempeño, y c) información sobre procesos administrativos, como puede ser concursos de oposición, otorgamiento de becas, integración de consejos o el listado de instituciones que se incorporan a la misma.

Como podemos darnos cuenta, la información que deberá rendir en general como en particular la Universidad Pública ayudará no solo a una administración más eficaz y eficiente sino que permitirá observar como potencia los recursos públicos para un mejor rendimiento de su calidad académica. Por su parte, la Universidad Privada que participe de recursos para proyectos de investigación deberá rendir cuentas sobre la asignación de los mismos a las autoridades otorgantes y ser susceptible de sanciones para el caso de una indebida ejecución de dichos recursos.

04:04

Una adecuada política de transparencia y acceso a la información tendrá una importante fuerza de atracción a todos aquellos que por cualquier razón ejerzan gasto público. Para ello es de capital importancia que aquellos sujetos obligados por la legislación en la materia tengan plenamente identificadas a estas personas físicas o morales que reciben estos recursos. En ese sentido la intención del Estado será el poder transparentar la transmisión, administración y ejecución de los mismos en aras de evitar disposiciones abusivas, delictuosas o erróneas del dinero público. Los sujetos obligados serán corresponsables en esta asignación de recursos, pero es muy importante hacer que el particular asuma una responsabilidad sobre ello pues al recibir el estímulo económico está directamente participando de dichos recursos.

Es importante destacar que la política de transparencia no buscará que estos particulares asuman todas las obligaciones de transparencia previstas para otros sujetos obligados, por el contrario, como lo hemos señalado, se pretende que estos últimos identifiquen y hagan pública la información relativa a las personas que reciben y ejercen recursos públicos y en su caso les soliciten la información que se considere de interés público. De igual manera, estos sujetos obligados deberán expresar y hacer públicas las razones o motivos por los cuales les fue asignado a ese particular, físico o moral, los mismos[V1] .

Como hemos referido, toda política de transparencia debe estar orientada a dar certidumbre y seguridad al ciudadano de que la disposición de recursos que administra y ejecuta el Estado, a través de cualquiera de sus potestades delegadas, es adecuadamente seguida, observada y ejecutada en términos de lo que la ciudadanía espera de dicha ejecución. Sería peligroso o riesgoso que el dinero otorgado a ciudadanos particulares por las razones que sean no pudiera ser fiscalizado o transparentado bajo una lógica de la persona a quien se le otorga. Es por esa razón que tanto el interés público como el objeto, que es el recurso público, permitirán a la transparencia estirar su alcance más allá de quien ejerza los mismos.

En la experiencia comparada observamos que el alcance de una política de transparencia se va quedando limitada en algunos sentidos en donde el dinero público se desvanece en pequeños resquicios de opacidad, así por ejemplo aduciendo el secreto bancario o la persona privada a la que se le asigna el recurso, algunos órganos del Estado permiten el desvío de ellos generando muchas dudas de la utilización de los mismos, sucediendo ello con frecuencia en los fideicomisos públicos o bien en el otorgamiento de concesiones para la ejecución de determinados servicios públicos en donde el órgano aduciendo las dos causales que referíamos se evade de su responsabilidad de transparentar, haciendo cómplice de aquellos particulares que ejecutan inadecuadamente el gasto o bien permitiendo el desvío millonario de recursos en asignación sombrías o inexistentes[V2] .

En consecuencia de lo anterior es muy importante que la implementación de estas políticas no encuentre limitaciones a partir de la privacidad de las personas, sino que se logre potenciar a partir del seguimiento de la debida y adecuada ejecución de los recursos públicos.


[V1]¿A qué elemento mencionado anteriormente hace referencia?

[V2]Se recomienda revisar la redacción de esta frase, es excesivamente larga y afecta a la comprensión del texto. Se aconseja dividir en frases más cortas y evitar el uso de la pasiva y el abuso de gerundios.

04:09

Cuando hablamos de una política pública estatal en materia de transparencia y acceso a la información no podemos más que pensarla de manera global, es decir, como ciudadanos inmediatamente pensamos que será una política inclusiva de toda la realidad que abarcan las fronteras del mismo[V1] y ello sucede porque el ciudadano promedio no se encuentra lo suficientemente informado de los sistemas de competencias que se irradian en toda la estructura de un país compuesto por diversas realidades competenciales. En ese sentido a lo mejor la política estatal de transparencia quiere llegar a todos los rincones del país pero el orden de competencias van generando frenos o resistencias que el ciudadano común no observa y que señala como deficiencias en la implementación de la política. Este asunto no es menor en virtud de la percepción ciudadana y del desincentivo que ello produce en la búsqueda de información para la toma de decisiones públicas.

Otra realidad son las asimetrías que el mismo sistema de competencias origina. Como ya hemos referido este marco de competencias puede provocar que aun y cuando [V2] todos los órganos del Estado en cualquiera de sus facetas competenciales pudieran ejecutar de manera diversa los criterios o la normativa en la materia generando con ello evidentes asimetrías en la información que es publicitada y peor aún en un ejercicio inadecuado del derecho de acceso a la información. Al igual que sucedería con el retraso en la implementación de la política, estas asimetrías producen un efecto muy adverso en la implementación de esta política. Es por ello que uno de los puntales de la misma será precisamente impedir que estas se presenten sorteando de manera adecuada el referido sistema de competencias que existe en el Estado.

En ese sentido, todo sistema estatal que busque un mayor impacto de manera horizontal en cada uno de los resquicios donde pudiera escaparse la transparencia deberá implementar un Sistema Nacional de Transparencia en donde se puedan homologar desde procedimientos y procesos hasta criterios de substanciación respecto a las solicitudes de acceso a la información. La crítica a estos sistemas nacionales radica en una pretensión de centralizar en un solo órgano el establecimiento de criterios orientadores o pensar que dicho órgano resolverá en definitiva todos los asuntos de la realidad nacional pero ello es un equívoco.

Los sistemas nacionales de transparencia deberán ser plenamente respetuosos del orden competencial del Estado y procurarán en su caso armonizar dicho sistema para evitar invasión o menoscabo del mismo, tratando de establecer un sistema de responsabilidades compartidas de todos los órganos garantes o bien de todos los sujetos obligados, potenciando con ello la mejora significativa de la política y sobre todo no pulverizando la interpretación de la norma en el establecimiento de criterios contradictorios o expansivos fuera de lugar.

Como podemos observar, la inclusión de este tipo de sistemas traerá más beneficios que perjuicios a la política, permitiendo sobre todo, de cara al ciudadano, hacer más efectivo y proteger de mejor y de mayor manera su derecho de acceso a la información para colmar su participación ciudadana de forma igualitaria y no discriminatoria.


[V1]¿A qué elemento mencionado anteriormente se refiere?

[V2]Revisar la redacción. Esta expresión introduce algo que luego no aparece.

Section 7: Conclusión.
02:50

Hemos llegado al fin de este curso, esperando haya sido de su agrado. En poco tiempo hemos recorrido todas y cada una de las categorías que suelen acompañar a la política de transparencia y acceso a la información en su implementación. Como se habrán podido dar cuenta, hemos utilizado las categorías comunes a todo sistema democrático que permiten una adecuada implementación. La intención del curso es que puedas recorrer estas categorías y que te permitan establecer mejoras en tu sistema vigente de transparencia.

La transparencia y el derecho de acceso a la información llegaron para quedarse. Es un perfeccionamiento del sistema democrático que permite en principio una mejor participación en los asuntos que nos competen a todos. No olvidemos ello. De igual manera estos dos asideros de las libertades informativas impactan directamente en el quehacer cotidiano del Estado, pues lo hacen más eficiente y eficaz a partir de una adecuada administración o gestión de la información. En principio la transparencia obligaría a que las solicitudes de acceso a la información disminuyeran, pero si hablamos de una muy buena gestión de la transparencia dichas solicitudes tendrían que reducirse exponencialmente.

La nueva forma de gobernar es lo que denominamos el gobierno abierto, el cual tiene como vocación convertirse en una caja de cristal resistente donde el ciudadano no solo observe, sino que participe activamente de manera crítica y deliberativa haciendo suya la toma de decisión pública en muchos casos, y para ello la política de la cual hemos hablado a lo largo de este curso es fundamental.

Estamos convencidos de que muchos de los que nos han seguido a través de este curso pueden encontrar que algunas instituciones propuestas son ajenas a sus realidades nacionales y en ese sentido les queremos compartir este mínimo en la implementación de una adecuada política de transparencia a efecto de que, a partir de un análisis crítico, puedan empujar reformas que permitan una vivencia mejor del derecho de acceso a la información. Pero si has recibido este curso y en tu país no existe un adecuado ejercicio transparente o no existe el derecho de acceso puede ser un buen inicio para que se empiece a trabajar.

Nos dará mucho gusto seguir en contacto contigo, no dejes de seguirnos en el portal de internet www.cityai.net donde podremos intercambiar puntos de vista sobre una mejor construcción del derecho de acceso a la información y la trasparencia estatal. Hasta pronto.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 2.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 3.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 4.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 5.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 6.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 7.

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Las preguntas del presente examen son relativas a las Lección 8.

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La Red de Cooperación Iberoamericana para la Transparencia y Acceso a la Información tiene como principal objetivo desarrollar Actividades que conviertan a el derecho de Acceso a la Información y la transparencia como las claves actuales del buen gobierno en los sistemas democráticos.

Estas acciones buscan crear Cultura en esta materia tanto para los miembros que forman la propia Administración, como para los sujetos obligados. De igual manera, entender esta materia por parte de la ciudadanía conseguirá fortalecer los sistemas democráticos.

El presente curso está dirigido por el profesor Guillermo Tenorio Cueto, Co-Presidente del Consejo Académico - CITYAI y por Jaime Rodrígez-Arana, Co-Presidente del Consejo Académico - CITYAI; además cuenta con las aportaciones del resto de miembros de CITYAI lo que ayuda a entender la realidad de cada país.

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